La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Informe Defensorial 133, titulado “¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local”, que revela la existencia de prácticas en los Gobiernos locales que ponen de
manifiesto deficiencias en la prestación de servicios administrativos a los ciudadanos usando como justificación la autonomía municipal.

Entre los años 2006 y 2007 se registraron 12,696 investigaciones a las municipalidades a nivel nacional y se registraron 3,256 casos, la mayoría por incumplimiento de plazos y cobros de tasas administrativas ilegales. De este universo se han seleccionado 56 casos que evidencias problemas paradigmáticos sobre inadecuado ejercicio de la autonomía municipal, los cuales se encuentran relacionados con el incumplimiento de normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal y la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Los principales problemas encontrados fueron la existencia de procedimientos administrativos y tasas incorporados al TUPA sin cumplir con la exigencia legal de aprobación mediante ordenanzas municipales, así como la falta de ratificación por parte de las municipalidades provinciales de las ordenanzas municipales distritales que aprueban tasas administrativas.
Asimismo figuran cobros de tasas ilegales, al no estar incorporadas debidamente en el TUPA, cobro de tasas sin fundamento legal o contrarias al principio de legalidad tributaria y cobros de tasas por cada componente o etapa de los procedimientos administrativos de autorización.

Por otro lado se hallaron montos de tasas que no responden al costo del servicio efectivamente prestado, exigencias de requisitos ilegales al interior de los procedimientos administrativos y tercerización de funciones tributarias como
la de sanción y cobranza coactiva.

La Defensoría del Pueblo efectuó, asimismo, una supervisión de los procesos de transferencia de gestión para el inicio de funciones de las nuevas autoridades municipales electas para el período 2007-2010. Se supervisaron 75 municipalidades (36 provinciales y 39 distritales) del país.
En esta supervisión se encontró que en el 36% de las municipalidades supervisadas, las autoridades salientes no cumplieron con la entrega del inventario de bienes muebles e inmuebles, el 59% de Alcaldes salientes no proporcionó información sobre la ejecución de metas programadas y el 40% de las municipalidades no entregó la relación de normas municipales emitidas
durante la gestión saliente.
Cabe señalar que las gestiones salientes dejan deudas por concepto de incumplimiento en el pago de remuneraciones (58%), aportaciones a EsSalud (76%) y aportaciones a las AFPs (76%). Además, un gran número de autoridades salientes no entregó la relación de expedientes administrativos (75%) o judiciales en trámite (46%), ni tampoco brindó información sobre los
expedientes perdidos.
Estos problemas evidencian cómo pretenden las municipalidades conferir a la autonomía municipal un contenido absoluto que no se ajusta a los parámetros del Estado unitario y descentralizado. Tal conducta impide que las municipalidades promuevan el desarrollo local y puedan contribuir positivamente al proceso de descentralización.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recordó a los municipios su obligación de ejercer su autonomía al servicio de la población, así como desarrollar sus competencias y funciones en el marco del ordenamiento jurídico estatal. Asimismo, recomendó al Congreso de la Republica modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas sobre la transferencia de la gestión municipal.

                                                                                        Lima, 26 de febrero del 2008

 Fuente: Defensoría del Pueblo